Por Nieves Martínez-Hidalgo
Cuando en 2015 me doctoré en Psicología Social con la tesis “Evaluación del estigma hacia los adolescentes con problemas de salud mental”, la Organización Mundial de la Salud alertaba a gobiernos e instituciones que el estudio del estigma y la implementación de campañas de sensibilización y alfabetización en salud mental constituían un tema prioritario pues el estigma es considerado como la principal barrera en la la búsqueda y acceso a los distintos tratamientos. El argumento que utilizaba la OMS era que para el año 2020 se preveía un aumento en el porcentaje de personas que presentan este tipo de problemas de más del 50%. En 2015, la prevalencia era de 1 de cada 4 personas. A día de hoy, se estima que 1 de cada 2 personas experimenta un problema de salud mental durante su vida (Health at a Glance: Europe 2019. Comisión Europea y Organización para la cooperación y el desarrollo económico-OCDE).
Los problemas de salud mental contribuyen a peores resultados educativos, mayores tasas de desempleo y peor salud física. Y no acceder a los tratamientos médicos y/o psicológicos en población infanto-juvenil conlleva abandono o fracaso escolar, aumento de las tasas de suicidio y de las adicciones, aislamiento social y embarazos no deseados.
Dentro del estigma existen varios niveles:
- El estigma social: actitudes de rechazo y discriminación derivadas de creencias, estereotipos y prejuicios asociados a las personas solo por el hecho de tener un diagnóstico en salud mental. Estereotipos erróneos de que son imprevisibles o peligrosos conducen a la reacción emocional de miedo y el miedo lleva a la evitación o rechazo. Este estigma está presente también incluso en los familiares de la persona con este diagnóstico y en profesionales de la salud.
- El autoestigma o estigma internalizado: es el estigma social vivido como propio. Las personas con autoestigma creen que los estereotipos que la sociedad tiene sobre ellos son ciertos y esto tiene graves consecuencias: baja autoestima, sentimientos de inutilidad, “el efecto del para qué” (para qué voy a salir si nadie se quiere relacionar conmigo, para qué voy a buscar empleo si me van a rechazar…)
- El estigma institucional: hace referencia a que las propias instituciones discriminan el área de salud mental. En la mayoría de los países, los programas de salud mental cuentan con muy pocos recursos económicos. Se observa una gran desigualdad en el reparto económico que desde la sanidad pública se concede a la mayoría de especialidades sanitarias con respecto a la especialidad de salud mental y ello, a pesar de que la propia OMS: a) viene concienciando desde hace varios años sobre la gravedad de estos problemas y su aumento exponencial; b) afirmando que en el 2020 la depresión representará un problema de salud pública debido a la gran demanda de atención sanitaria; y c) que en la actualidad, la depresión supone la principal causa de discapacidad a nivel global. Conociendo esta alarmante situación, junto con el aumento en el número de suicidios, no parece coherente que el sistema sanitario español no haya invertido más en psicólogos que realicen su labor en centros de atención primaria, en hospitales, en servicios de urgencias y en centros de salud mental. En los últimos años, el Consejo General de la Psicología, ha venido exponiendo la necesidad de incorporar psicólogos clínicos en los centros de Atención Primaria, dado que, entre un 30-33% de las consultas, están relacionadas con algún problema psicológico. De estos casos, únicamente el 10% se deriva a Salud Mental (es decir, atención especializada), de modo que el abordaje del 90% restante se queda en el primer nivel asistencial de la salud, constituyendo una sobrecarga y saturación de los servicios. Esta situación conlleva a que, en la mayoría de casos, se prescriba medicación como tratamiento habitual, con el sobrecoste que supone para el sistema sanitario (el coste de la prescripción farmacéutica oscila en torno al 60%-70% de todos los costes directos), y la posibilidad de cronificar el problema. En contraposición, la evidencia pone de relieve los beneficios de la intervención psicológica (terapia cognitivo-conductual) en términos de coste-eficacia, tanto a medio como a largo plazo (INFOCOP, 2020).
Teniendo en cuenta todos estos datos, se hace evidente la necesidad de formar a psicólogos, educadores y trabajadores sociales para que implementen programas de educación en salud mental en colegios e institutos, en universidades, en centros sanitarios, en centros culturales para que la sociedad y los distintos agentes sociales cuenten con: a) una información adecuada sobre lo que son los problemas de salud mental; b) la habilidad de detectar en uno mismo y en las personas allegadas señales de alerta que nos indican la necesidad de buscar ayuda psicológica; y c) la capacidad de empatizar, valorar y respetar a las personas con diversidad en salud mental pues son igual de valiosas que las personas sin diagnóstico en esta área.
Otro problema añadido es que los psicólogos fuimos incluidos dentro del sistema nacional de salud en el año 1993. Antes de esta fecha los psicólogos no éramos reconocidos como profesionales sanitarios. Tuvimos que luchar mucho, hacer manifestaciones, escritos y gracias al apoyo de las distintas facultades de psicología y de los colegios oficiales de psicólogos conseguimos que se nos incluyera.
Para acceder a la especialidad de psicología clínica hay que superar la prueba PIR (Psicólogo Interno Residente) al igual que los enfermeros (EIR), médicos MIR y farmaceúticos (FIR). En 1993, se realizó la primera convocatoria nacional PIR regulada y equiparable a cualquier otra especialidad sanitaria. El Real Decreto 2490/1998 creó a continuación la especialidad de la psicología clínica, su marco legal regulatorio y reconocimiento definitivo como tal. Los psicólogos que llevábamos más de 10 años dedicándonos profesionalmente a esta especialidad a nivel privado y cumplíamos ciertos criterios como formación continua especializada, ente otros, pudimos a través de un exhaustivo proceso transitorio de homologación obtener el título de psicólogos especialistas en psicología clínica (PEPC). 8.500 psicólogos fuimos reconocidos como PEPC.
La psicología es un ciencia joven. En Murcia, por ejemplo, la primera promoción de psicólogos fue la de 1975/80; yo soy de la tercera promoción (1977/82). Ahora como profesionales de la salud mental somos también una especialidad joven que todavía no está bien dotada de recursos. De hecho, 4.439 psicólogos se presentaron el 25 de enero de 2020 para obtener una de las 189 plazas PIR (Psicólogo Interno Residente) ofertadas por el Ministerio de Sanidad. El hecho de que el número de plazas PIR sea tan bajo es fruto del estigma institucional que todavía no toma conciencia, a pesar de tantos datos que justifican la necesidad de un mayor número de psicólogos contratados en la sanidad pública, de que la atención a personas con problemas de salud mental es prioritaria, sin salud mental no hay salud. El Defensor del Pueblo afirma que según el estudio realizado, el número de plazas PIR ofertadas es insuficiente. La existencia de 3 meses de espera para una cita en un centro de salud mental lleva a que las personas con bajos recursos económicos no puedan acceder a un tratamiento necesario, creando una desigualdad e injusticia social entre ciudadanos de primera y de segunda ya que solo aquellas personas que pueden permitírselo acuden a un psicólogo clínico privado para poder afrontar y superar su malestar psíquico.
La situación actual es “grave no, muy grave”, declaró Fernando Chacón, Decano del Colegio de Psicólogos de Madrid, a eldiario.es. En dicha entrevista también afirmó que “La salud mental ha sido la hermana pobre de la sanidad, entre algunas razones históricas, por el estigma. Después de la crisis no se ha hecho ningún esfuerzo por revertir lo que se recortó en sanidad.”
A pesar de que en nuestro país, la situación es verdaderamente alarmante, nos encontramos a gran distancia de los niveles europeos en cuanto a los servicios de salud mental que ofrecemos y a la existencia de recursos humanos o profesionales (psiquiatras, psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales) dedicados a atender a personas con problemas de salud mental. El Defensor del Pueblo ha actualizado los datos y pide reforzar la atención de forma “urgente”: solo hay seis psicólogos por cada 100.000 habitantes. Una de las preocupaciones principales que expresa el Defensor del Pueblo es que el número de profesionales y la ratio “no ha variado” significativamente a lo largo de una década, y sigue alejada de la del resto de Europa como en 2009. Además, el Defensor del Pueblo, recogiendo las quejas ciudadanas recibidas, afirma: “A pesar del gran esfuerzo que realizan los profesionales, existe una insuficiencia estructural de recursos humanos y materiales que se traduce en una pobre respuesta a la fuerte demanda existente (…). Las carencias provocan que sea ‘habitual’ que los tiempos de espera entre consulta y consulta de un mismo paciente en la sanidad pública puedan alargarse hasta los tres meses, para tratamientos que requerirían una periodicidad mucho mayor.”
A la luz de los datos, los autores del informe antes citado (Health at a Glance: Europe 2019) afirman que:
- Una atención temprana y de alta calidad tiene el potencial de mejorar los resultados y puede ayudar a reducir el suicidio y el exceso de mortalidad para las personas con problemas de salud mental.
- Para reducir el impacto de estos problemas, consideran necesario un enfoque multidimensional, que incluya: a) la prevención en Atención Primaria; b) una mejor integración de la atención a la salud física y la mental; c) intervenciones conductuales; y d) cambios en las actitudes de los y las profesionales.
Pero, por qué la demanda y la contratación de psicólogos clínicos en centros públicos es tan escasa o casi inexistente en nuestro país si las necesidades de atención psicológica es tan enorme y si, además, existen psicólogos formados o cualificados para atenderlas, es una cuestión que está por dilucidar, pero el hecho es que, mientras los gobiernos esperan a tomar decisiones que son urgentes, las personas con problemas de salud mental y los profesionales sanitarios, son los que sufren las consecuencias derivadas del estigma institucional existente (respectivamente, los pacientes, dificultad para acceder a los tratamientos, agravamiento de la sintomatología y suicidio; y en los profesionales, sobrecarga laboral y burnout).
