Tras la denuncia de la Fiscalía a TikTok, analizamos cómo los riesgos digitales afectan a la salud mental infantil y el deber de proteger sus derechos sin estigmas.
Cada mes de noviembre se celebra la Semana de la Infancia y la Adolescencia para recordar que niños, niñas y adolescentes son sujetos de pleno derecho. Sin embargo, este año la fecha llega con una noticia que nos obliga a mirar de frente hacia el entorno digital: la denuncia de la Fiscalía contra TikTok tras destaparse una red masiva de material de abuso sexual infantil en la plataforma. Más allá del escándalo tecnológico y judicial, este caso interpela directamente a quienes trabajamos por la salud mental y el bienestar emocional de los más jóvenes.
Para la infancia y la adolescencia, internet es una extensión de la vida cotidiana, del patio de recreo y del espacio donde plasmar su identidad. Cuando ese entorno falla en su deber más elemental como lo es garantizar su seguridad, las consecuencias van más allá de las pantallas. La exposición a contenidos violentos, el acoso en retransmisiones en directo o el abuso sexual dejan marcas en el desarrollo de la personalidad desde la ansiedad o la depresión al trauma complejo.
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce tanto el derecho a ser protegido contra toda forma de abuso como el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, incluida la salud mental. Cuando los algoritmos priorizan la retención de la atención por encima de la seguridad, o cuando las herramientas de denuncia resultan ineficaces, se vulneran ambos principios.
En nuestra labor diaria contra el estigma en salud mental, comprobamos las graves secuelas que conlleva el traslado de la culpa a quien sufre o es víctima de abuso. Con las redes sociales ocurre algo muy similar: a menudo se responsabiliza exclusivamente a los menores o a sus familias por no saber gestionar los riesgos digitales, mientras se exige muy poco a las grandes plataformas que diseñan estos entornos. Un adolescente que sufre acoso o explotación en la red nunca es culpable de lo que le ocurre, y el miedo al juicio social o a la vergüenza no puede convertirse en una barrera que le impida pedir ayuda a tiempo.
Proteger la salud mental infantil exige entornos digitales seguros desde su diseño, moderación real y una respuesta institucional firme como la que hoy vemos iniciarse en España. Pero también requiere que como sociedad construyamos espacios de escucha libre de prejuicios, donde los jóvenes puedan hablar de lo que viven y sienten en internet sin temor a ser etiquetados o “castigados”.
En esta Semana de la Infancia y la Adolescencia, reivindicar sus derechos significa exigir que las redes sociales dejen de ser un factor de riesgo para su bienestar psicológico. Cuidar de nuestros menores en el mundo digital es, ante todo, garantizar su derecho a crecer con salud, dignidad y libertad.
La protección de la infancia es una responsabilidad de todos.

