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Por Mª Nieves Martínez-Hidalgo

El 10 de diciembre la Declaración Universal de Derechos Humanos cumple 73 años y desde Fundación SoyComotu queremos aprovechar para recordar la importancia de los derechos de las personas con problemas de salud mental.

Para cualquier persona que experimenta este tipo de problemas, el respeto de los derechos humanos es un imperativo ético y legal que permite que se pueda ejercer plenamente su ciudadanía.  Y el ejercicio de la ciudadanía es importante, no sólo desde la perspectiva de que vivimos en una sociedad democrática, sino también desde la perspectiva del Modelo de Recuperación, según el cual, las personas con problemas de salud mental deben recuperar el control de su vida, abandonando el rol de “enfermo mental” y sustituyéndolo por el rol de ciudadano de pleno derecho para poder superar el sufrimiento psíquico y el aislamiento social, y activar su proceso de recuperación y empoderamiento.

Para recuperarnos es imprescindible que desarrollemos una actitud de empoderamiento basada en llevar a la práctica nuestros derechos. Esta actitud nos permite conceder un mayor propósito y significado a nuestras vidas, aunque la sintomatología siga presente. El ejercicio y respeto de nuestros derechos beneficia a todas las partes involucradas. Es decir, las relaciones igualitarias y de confianza que se generan cuando se promueven nuestros derechos aumentan nuestro bienestar y el de las personas que nos rodean, especialmente el de nuestras familias y los/las profesionales que nos atienden (Beatriz Pérez Pérez y Francisco José Eiroá Orosa. ActivaMent Catalunya Associació, 2020).

Todas las personas con problemas de salud mental tienen derecho a recibir atención y tratamiento de calidad a través de unos servicios adecuados de salud mental. Estas personas deberían asimismo estar protegidas frente a cualquier tipo de discriminación o tratamiento inhumano.

Garantizar los derechos de las personas con problemas de salud mental es una responsabilidad compartida. Garantizar el respeto de estos derechos es responsabilidad de todas las personas involucradas en los procesos de recuperación. Por ello, según la Guía de derechos en salud mental. No hay recuperación sin derechos (Federació Veus, 2020), las personas que han sido diagnosticadas, sus familias y los/las profesionales de la salud mental, debemos conocer estos derechos, promoverlos y denunciar posibles vulneraciones.

1. Como personas diagnosticadas debemos ejercer nuestros derechos y tomar las riendas de nuestras vidas. Esto implica decidir sobre nuestro tratamiento, nuestra vivienda, nuestra educación, nuestro trabajo…
2. Como familiares debemos velar por nuestros derechos y los de nuestros seres queridos, estableciendo relaciones de cuidado que faciliten la autonomía.
3. Como profesionales de la salud mental debemos defender los derechos de nuestro colectivo y articular nuestras prácticas cotidianas en torno al respeto y promoción de los derechos de las personas que atendemos. Esto incluye promocionar el desarrollo de una ciudadanía activa en los procesos de recuperación.
4. Como responsables de la administración y/o gestión de los servicios públicos de salud mental debemos trabajar parar que se garanticen los derechos de las personas con problemas de salud mental destinando los recursos necesarios y organizándolos de manera adecuada

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2030, la principal causa de discapacidad serán los problemas de salud mental. Por este motivo,  desde distintas entidades, Confederación Salud Mental España y movimientos asociativos continuaremos subrayando la necesidad urgente de priorizar la inversión económica en recursos para la prevención, la detección precoz y la intervención temprana, de calidad, en salud mental.

Si se quiere garantizar el derecho:

1. A una atención integral e integrada y humanizada por el equipo humano y los servicios especializados en salud mental.
2. A recibir una información clara sobre su estado de salud y diagnóstico y a la utilización del consentimiento informado explicando los beneficios que se esperan, así como los riesgos y/o secuelas de los tratamientos existentes.
3. A recibir la atención especializada e interdisciplinaria y los tratamientos con la mejor evidencia científica de acuerdo con los avances científicos en salud mental.
4. A que las intervenciones sean las menos restrictivas de las libertades individuales de acuerdo a la ley vigente.
5. A tener un proceso psicoterapéutico, con los tiempos y sesiones necesarias para asegurar un trato digno para obtener resultados en términos de cambio, y calidad de vida.
6. A recibir psicoeducación a nivel individual y familiar sobre su problema de salud mental y las formas de autocuidado.
7. A recibir incapacidad laboral, en los términos y condiciones dispuestas por el profesional de la salud tratante, garantizando la recuperación en la salud de la persona.
8. A ejercer sus derechos civiles y en caso de incapacidad que su incapacidad para ejercer estos derechos sea determinada por un juez de conformidad con la ley 1306 de 2009 y demás legislación vigente.
9. A no ser discriminado o estigmatizado, por su condición de persona sujeto de atención en salud mental
10. A recibir o rechazar ayuda espiritual o religiosa de acuerdo con sus creencias.
11. A acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo, y no ser excluido por causa de su problema de salud mental.
12. A no ser sometido a ensayos clínicos ni tratamientos experimentales sin su consentimiento informado.
13. A la confidencialidad de la información relacionada con su proceso de atención y respetar la intimidad de otros pacientes.
14. A la vuelta a su familia y  a su comunidad.
15. A no ser humillado ni torturado.